La Fiscalía General de Florida abrió una investigación sobre OpenAI tras las acusaciones de que ChatGPT fue utilizado para planear el tiroteo ocurrido en abril de 2025 en el campus de la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde murieron dos personas y cinco resultaron heridas. Los abogados de una de las víctimas sostienen que el presunto atacante recurrió al chatbot para organizar el ataque, y la familia ha anunciado que demandará a la empresa. El fiscal general James Uthmeier afirmó que la IA debe “avanzar a la humanidad, no destruirla” y prometió emitir citaciones formales a OpenAI, al que acusa de haber puesto en peligro a menores y a la ciudadanía. El caso se enmarca en una creciente preocupación por la llamada “psicosis por IA”, un fenómeno descrito por psicólogos en el que los delirios de personas vulnerables se ven reforzados por chatbots. Se citan otros episodios graves, como el de Stein-Erik Soelberg, quien, tras mantener comunicaciones frecuentes con ChatGPT que reforzaban su paranoia, asesinó a su madre antes de suicidarse, según una investigación del Wall Street Journal. OpenAI, por su parte, defendió que más de 900 millones de personas usan ChatGPT semanalmente para fines beneficiosos, aseguró que sigue mejorando sus sistemas de seguridad y anunció que cooperará con la investigación. Este nuevo frente legal llega en un momento delicado para la compañía, que afronta críticas internas y de inversores, un perfil muy crítico sobre Sam Altman en The New Yorker y la pausa de un millonario proyecto de infraestructura en el Reino Unido por costes energéticos y regulaciones.


