Aron D’Souza, abogado conocido por liderar la demanda de Hulk Hogan contra Gawker financiada por Peter Thiel, lanza Objection, una startup que combina inteligencia artificial y una red de investigadores humanos (incluidos exagentes del FBI, CIA y MI6) para auditar y puntuar la veracidad de artículos, pódcasts, vídeos y otros contenidos públicos.
D’Souza parte de un dato contundente: mientras que en 1970 alrededor del 70–80 % de los estadounidenses confiaba en jueces, científicos y periodistas, hoy el periodismo ha caído a apenas un 30 % de confianza, según Gallup. Su propuesta es crear un sistema “tipo tribunal” para los medios: cualquier persona que se sienta agraviada por una pieza informativa puede pagar desde 2.000 dólares para presentar una objeción. A partir de ahí, investigadores revisan el contenido línea por línea, contrastan citas con las fuentes mencionadas y suben todas las pruebas a un “data room” público. Después, un “jurado” de grandes modelos de IA, configurados para simular a distintos perfiles demográficos, emite un dictamen detallado sobre la exactitud del contenido.
D’Souza sostiene que el sistema es “sin necesidad de confianza” (trustless): el código, los algoritmos y los white papers serían públicos, y la legitimidad debe descansar en el proceso, no en la buena fe de los fundadores o de sus inversores, entre los que figuran Peter Thiel y Balaji Srinivasan. Compara su enfoque con Wikipedia frente a la Enciclopedia Británica y con el modelo de Community Notes de X, defendiendo que la transparencia técnica puede compensar la influencia de los millonarios que lo financian.
La entrevistadora, la periodista Rebecca de TechCrunch, cuestiona varios puntos centrales. Primero, el riesgo de que Objection se convierta en un arma barata y escalable para que grandes corporaciones y figuras de poder hostiguen a periodistas críticos, de forma similar a las demandas estratégicas (SLAPP), pero con costes menores y más volumen. Aunque D’Souza insiste en que su incentivo es “adjudicar” disputas, no generar conflicto, reconoce que el servicio cobra por cada objeción y que su precio de entrada —2.000 dólares— está lejos de ser accesible para la mayoría de ciudadanos.
Un segundo foco de choque es el tratamiento de las fuentes anónimas y los filtradores. D’Souza parte de la idea de que en su sistema, como en los tribunales, la evidencia anónima debe tener un peso menor o ser excepcional. Propone una solución tecnológica: que el periodista suba información cifrada sobre la fuente para que la IA le otorgue una especie de certificado de calidad sin revelar su identidad públicamente. Rebecca replica que esta lógica infravalora el papel de los informantes protegidos en grandes investigaciones —desde los Papeles del Pentágono a escándalos recientes sobre Big Tech o abusos laborales— y puede disuadir a futuros whistleblowers si perciben que su testimonio será automáticamente considerado “débil” o que su anonimato podría verse erosionado.
También se discute quién debe ser objeto prioritario de escrutinio. D’Souza reconoce que Objection puede emplearse contra influencers, pódcasters, tiktokers o incluso salidas de modelos de IA, pero admite que su foco inicial está en la “prensa tradicional” porque, según él, presume de altos estándares editoriales mientras opera bajo incentivos de clics y algoritmos que habrían degradado la calidad. Rebecca le rebate que muchos medios siguen sometiendo los reportajes a múltiples capas de verificación, revisión legal y contraste de fuentes, y que gran parte de la erosión de confianza se debe a campañas políticas de descrédito más que a una caída real en los estándares.
La conversación entra además en cuestiones de fondo: qué es la verdad, cómo se distingue hecho de opinión, quién diseña las reglas de los sistemas de verdad y qué grado de transparencia deberían tener tanto la prensa como las grandes empresas de IA. D’Souza defiende que su plataforma podría extenderse a disputas contractuales o a revisar respuestas de modelos como ChatGPT, ofreciendo una vía alternativa a los tribunales, más rápida y barata, y que aspira a elevar la confianza pública en la información. Rebecca insiste en que ya existen mecanismos de rendición de cuentas —desde leyes de difamación hasta organizaciones de verificación y el escrutinio público—, y que someter cada artículo a un “score” gestionado por una startup respaldada por multimillonarios de Silicon Valley podría convertir la crítica legítima en un riesgo profesional constante.
El choque final es de filosofía y poder: D’Souza ve a Objection como el intento de reinventar la infraestructura de la verdad en un mundo saturado de información y de IA; Rebecca alerta de que, sin fuertes salvaguardas, esa misma infraestructura puede reforzar la capacidad de los más influyentes para silenciar o intimidar a quienes intentan fiscalizarlos, empezando por los periodistas.
